Fernanda Rojas


El 9 de febrero del 2020, Ingrid Escamilla, quien tenía 25, fue asesinada por su pareja Erick Francisco dentro de su domicilio en la colonia Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Policías de seguridad llegaron a la casa donde se reportó el crimen, ahí hallaron el cuerpo sin vida. No obstante, al realizarse el reporte de los hechos las imágenes de la víctima fueron filtradas y difundidas en redes sociales y algunos medios de comunicación. 

En ese entonces se realizaron diversas protestas por parte de colectivos feministas y mujeres en donde se exigía justicia para Ingrid y castigo a los servidores públicos que filtraron las imágenes. Se propuso la creación de la “Ley Ingrid”, la cual fue presentada por la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos. 

Así es como después de un año el Congreso de CDMX aprobó la ‘Ley Ingrid’, que contempla sancionar con cárcel y una multa a los funcionarios que difundan información o fotos relacionadas con procedimientos penales tras el feminicidio de Ingrid Escamilla, en febrero de 2020.

La llamada ‘Ley Ingrid’ impone una multa equivalente a 44 millones 400 mil pesos a quien incurra en estos delitos además de sancionar con entre dos y ocho años de cárcel.

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